Probablemente recuerda usted aquel cuento del rey que solía disfrazarse de gente común para salir a recorrer las calles sin que lo reconozcan y así saber qué es lo que pensaban sus súbditos de él, qué asuntos les preocupaban y cuáles eran sus anhelos. Desde el anonimato recababa información que le permitía tomar mejores decisiones…

La semana pasada éste, su servidor, estuvo en municipios del interior del Estado y con la facilidad que Dios nos dio de entablar conversación con cualquier persona nos enteramos de cosas interesantes, cuyo conocimiento bien que pueden traer beneficios. Le vamos a citar un ejemplo.

Un presidente municipal nos contó que un amigo suyo, alcalde como él, tuvo la iniciativa de empezar a sectorizar el servicio de alumbrado público, así que se diseñaron grupos de calles con luminarias, cuyo consumo se registraba en un medidor estratégicamente colocado. Grande fue su sorpresa y la de sus colaboradores al constatar la enorme diferencia que había entre lo que empezaron a pagar con base en la lectura de los medidores y lo que antes les cobraba la CFE, con base solamente en su criterio. Como ejemplo meramente ilustrativo, digamos que por un sector de seis calles ese ayuntamiento tenía que pagar $2,300,000 al año, pero con el medidor sólo cubría 300 mil. Otro circuito más pequeño absorbía $200,000 anuales y con el cambio hoy nomás pagan por él $22,000.

“Con razón la CFE siempre se niega a colocar medidores en los sectores donde nos cobra; claro, así pone lo que quiera en su recibo y lo tenemos que pagar o nos cortan el servicio en todo el municipio. El consumo de energía eléctrica se lleva una buena parte de nuestro presupuesto anual”, detalló el funcionario que platicó con nosotros.

En este caso, nos parece que, además de nuestra solitaria voz, debe haber otros actores políticos o sociales que intervengan para saber si esos cobros viciados son generalizados o solamente lo sufren algunos municipios, o finalmente todo es un engaño de alcaldes que no atinan a distribuir correctamente los recursos que les envía el Gobierno Federal. Y por su parte, los gobiernos estatales tendrían que investigar igualmente para, en su caso, ayudar por la vía legal a los municipios que sean víctimas de ese abuso.

El hecho de que nadie, ningún medio de comunicación o algún periodista solitario haya oído antes de esa presunta anomalía para investigarla, deja muchísimo qué desear en el papel que deben cumplir esos medios.

No estamos descubriendo el agua tibia, pues muchos ya dijeron antes que nosotros que la amplia gama de prácticas de corrupción en México –y en otros países, desde luego– sigue ocurriendo, sin importar lo que diga incluso la más alta autoridad federal.

¿Qué le parece a usted esta situación, amable lector? ¿Debería investigarse o considerarla cosa de un loquito que no tiene nada que hacer más que estar jorobando.